Los gremios docentes nucleados en la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) confirmaron la realización de un paro nacional de 48 horas para los próximos 27 y 28 de agosto. La protesta, ratificada por distintos sindicatos como FEDUBA, se inscribe en un escenario de creciente tensión política y judicial en torno a la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
El malestar en las casas de altos estudios responde a la falta de transferencia de las partidas presupuestarias previstas por la legislación, pese a los fallos judiciales que ordenan su cumplimiento.
Esta retención de fondos afecta de manera directa el normal funcionamiento operativo de las instituciones, el mantenimiento de los programas de becas estudiantiles y la actualización de los salarios docentes. Se trata, entonces, de una nueva medida de fuerza contra el Gobierno de Javier Milei y sus constantes políticas de ajuste.
Se espera que la nueva protesta inicie en las primeras horas del próximo jueves y se extienda hasta las últimas horas del viernes. Se sumarían todos los trabajadores universitarios nucleados en Conadu.
Los motivos del nuevo paro nacional: pérdida salarial y éxodo de profesionales
En el plano económico, las conducciones gremiales denuncian que las remuneraciones del sector han quedado severamente retrasadas frente a la inflación acumulada desde diciembre de 2023, estimando una pérdida de poder adquisitivo cercana a un tercio.
Asimismo, las autoridades del sistema educativo advierten que esta situación profundiza la migración de investigadores y docentes con posgrados hacia el sector privado o instituciones del exterior, generando un impacto negativo en la producción científica y la calidad educativa del país.
Ante la falta de respuestas del Poder Ejecutivo, los sindicatos no descartan profundizar las medidas de fuerza en las próximas semanas.
El acuerdo salarial del 24,33% que el gobierno alcanzó con los rectores no alcanza a cumplir lo que establece la ley: los artículos 5 y 6 exigen una recomposición automática por inflación desde diciembre de 2023, lo que implicaría un aumento superior al 50% sobre los haberes actuales.
Al mismo tiempo, las becas estudiantiles siguen congeladas en $35.000, otro punto que la norma ordena actualizar .