A través del decreto 30/2023 publicado en el boletín oficial, y con la firma del presidente Alberto Fernández, como también del Jefe de Gabinete Juan Manzur y del Ministro Sergio Massa, se designó al frente de Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) al intendente de Castelli, Francisco Echarren. La normativa también establece que la designación de Echarren será con rango de Secretario y carácter ad honorem.
Asimismo, regula y controla el almacenamiento, fraccionamiento, transporte, distribución, trazabilidad y el uso de las semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados con fines medicinales o industriales, de manera coordinada con otros ministerios y organismos públicos con competencia en la materia.
Las funciones de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) son:
-Regular y fiscalizar la actividad productiva de la industria del cannabis, su comercialización y distribución, para uso medicinal e industrial en el territorio nacional, en todo lo referente al registro, control y trazabilidad de semillas, insumos críticos y productos derivados del cannabis. Todo ello en el marco de un proceso industrial autorizado y habilitado.
-Dictar las normas necesarias para otorgar las autorizaciones para importar, exportar, cultivar, producir, fabricar, comercializar y adquirir semillas de la planta de cannabis, cannabis y sus productos derivados con fines medicinales o industriales.
-Regular el almacenamiento, fraccionamiento, transporte, distribución, trazabilidad y el uso de las semillas de cannabis, plantas de cannabis, de insumos críticos del proceso productivo y de sus productos derivados, para fines de uso industrial y medicinal.
-Controlar el otorgamiento de las licencias, autorizaciones y el cumplimiento de los recaudos exigidos para las autorizaciones administrativas.
-Establecer las normas regulatorias con las mejores prácticas en materia de plantación y cultivo, de acuerdo con estándares y certificaciones de calidad y, en la medida de lo posible, con las regulaciones internacionales más representativas de la industria.
-Establecer los requisitos y condiciones necesarios para autorizar los procesos de producción de los productos derivados del cannabis para uso industrial y medicinal.
-Realizar auditorías e inspecciones sobre las instalaciones de los sujetos autorizados para controlar su correcto funcionamiento, el cumplimiento a la normativa vigente y la autorización otorgada.
-Determinar la tasa de fiscalización y control que anualmente abonarán los sujetos alcanzados por la ley y su metodología de pago y recaudación. La tasa de fiscalización será de hasta el 5 por mil del importe facturado.
-Dictar normas sobre caducidad de las autorizaciones administrativas otorgadas y para desalentar las solicitudes de autorizaciones de carácter especulativo, con lineamientos que penalicen la falta de uso o explotación de esas autorizaciones.
-Expedir certificados de buenas prácticas productivas y dar informes a las entidades financieras que lo requieran.
-Dictar la normativa conjunta o realizar convenios de cooperación con el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), la Inspección General de Justicia (IGJ) y la Unidad de Información Financiera (UIF), entre otros entes públicos, para establecer normas que armonicen las regulaciones de las actividades financieras, bancarias, del mercado de capitales, del mercado bursátil, de prevención de lavado de activos, de seguros y aspectos conexos.
-Convocar al Consejo Federal para el Desarrollo de la Industria del Cáñamo y Cannabis Medicinal.
-Recaudar la tasa de control y fiscalización y cobrar los aranceles por la emisión de licencias o autorizaciones y los servicios que brinde.
-Convocar al Consejo Consultivo Honorario.