El viernes al mediodía se dió lectura a la sentencia en el llamado Juicio de La Huerta sobre los delitos de lesa humanidad cometidos en 14 centros clandestinos de detención en la zona del centro de la provincia de Buenos Aires. Se dictaron 8 condenas, 4 de ellas a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad ocurridos en lugares emblemáticos del circuito represivo de la llamada Subzona 12.
Por primera vez fueron juzgados los jefes de las secciones Operaciones e Inteligencia de la Base Aérea Militar de Tandil: Román Valdecantos y Héctor Martínez Salgado, quienes recibieron perpetuas. La misma pena correspondió para Osvaldo Héctor Repetto y Alejandro Guillermo Duret.
Después de más de tres años de juicio oral, el Tribunal Oral Federal 1 de Mar del Plata decidió absolver a la gran mayoría de los imputados por crímenes de lesa humanidad cometidos en las localidades de Tandil, Azul, Olavarría, Laprida, Ayacucho, Rauch, Saladillo, Las Flores y Roque Pérez, ubicadas en el centro de la provincia de Buenos Aires.
El presidente del tribunal, Nicolás Toselli, fue el encargado de leer el veredicto, que absolvió a 27 de los 35 exmilitares, expolicías y civiles que estaban imputados y encontró culpables a sólo ocho de ellos.
Resultaron condenados a prisión perpetua por secuestros, tormentos y homicidio los exmilitares Osvaldo Héctor Repetto, Alejandro Guillermo Duret, Román Valdecantos y Héctor Martínez Salgado.
Recibieron penas menores Martín Carlos Luzuriaga (10 años y 6 meses por secuestros y tormentos), Jorge Roberto Casares (6 años por violacion agravada), José Luis Álvarez (6 años por tormentos) y Luis Ernesto Benítez (6 años y 9 meses por tormentos).
A pesar de resultar condenado, Álvarez fue liberado “atento al tiempo que lleva detenido” con prisión preventiva.
Para 24 de los otros acusados, las querellas y la fiscalía habían solicitado penas que iban de prisión perpetua a los 3 años de prisión con excepción de 4 acusados contra los que no se formuló acusación, por lo que su absolución era ya un hecho.
Entre los absueltos figura el civil Julio Méndez, uno de los dueños del predio donde funcionó el centro clandestino de detención la Quinta de los Méndez.
El juicio que comenzó el 25 de febrero de 2022 abarcó los crímenes cometidos contra más de 190 personas en las localidades de Tandil, Azul, Olavarría, Laprida, Ayacucho, Rauch, Saladillo, Las Flores, Roque Pérez y Mar del Plata. Las víctimas fueron secuestradas y torturadas en los centros clandestinos La Huerta, I.S.E.R., Quinta de los Mendez, Base Aérea, Comisaría 1ra, Comisaría 2da de Tandil; la Delegación de la PFA, Unidad Regional IX, Unidad Penal N° 7, Ex Estación del Ferrocarril – Jardín Maternal de Azul; Unidad Penal N° 2 de Sierra Chica, Monte Peloni, Comisaría Las Flores y la Comisaría de Olavarría.
A la salida de la audiencia, la mezcla de emociones osciló entre la satisfacción parcial por las perpetuas y la indignación por las absoluciones masivas.
Las querellas y organismos de derechos humanos alertaron sobre dos aspectos del fallo que resultan especialmente preocupantes en el contexto actual: primero, las absoluciones de imputados sobre los cuales existían pruebas contundentes de su participación y responsabilidad penal en delitos de lesa humanidad, lo que genera perplejidad y deja entrever un patrón de impunidad que puede ser interpretado como señal de tolerancia hacia violaciones graves de derechos fundamentales; segundo, la exclusión de los casos de represión a trabajadores agremiados -detenidos, torturados y perseguidos por su actividad sindical- de la categoría de delitos de lesa humanidad, tratándolos como delitos comunes y resolviendo su prescripción, lo que no solo contradice la historia del terrorismo de Estado sino que también envía un mensaje peligroso sobre la impunidad para actos de represión política y laboral en la actualidad.
El Juicio «La Huerta» permitió reconstruir las tramas locales del terrorismo de Estado en la región y visibilizar las complicidades civiles, militares y eclesiásticas. Su desarrollo en una universidad pública, con presencia sostenida de la comunidad educativa, convirtió cada audiencia en un ejercicio de memoria viva. Aunque el fallo dejó un sabor agridulce, la jornada marcó un nuevo punto de partida en la larga lucha por justicia. La sentencia -con sus límites y contradicciones- vuelve a interpelar al Poder Judicial, pero también reafirma la vigencia de una sociedad que no renuncia a la memoria. En el Aula Magna, una vez más, se sostuvo y fortaleció el pacto democrático de la ciudadanía argentina. Y hoy, más que nunca, la sociedad vuelve a decir con fuerza: ¡Nunca Más!
