El trabajo social del Movimiento Evita a nivel país es incesante y se ha intensificado a raíz de la pandemia por el coronavirus.
Nicolas Carrillo, referente y coordinador de la Quinta Sección Electoral, explicó cómo se da hoy la realidad en ese sentido y la importancia del desarrollo de la Economía Popular.
Consideran desde el espacio que Argentina tiene dos cosas: al menos desde el comienzo de la democracia una deuda con situaciones estructurales muy alarmantes como es el acceso a la vivienda y a un trabajo digno.
Esos problemas no empezaron ahora, aseguró, ni empezaron con Macri, sino hace mucho como una tendencia que tiene el capitalismo de destruir empleo a medida que avanza la tecnología sobre los procesos productivos.
Hay una cuenta pendiente con todo esto que el Estado hace 30 o 40 años viene resolviendo con planes sociales o políticas sociales de asistencia, “lo viene mitigando” con distintos programas y se entiende que no se resuelve el tema de la pobreza y del empleo, incluso se ha incrementado.
Carrillo añadió que es una deuda de todos los sectores políticos a los que les ha sido difícil comprender que el paradigma hace 50 o 60 años era el empleo porque cuando crecía la economía, crecía la actividad productiva, crecía la industria y eso demandaba naturalmente cuando hoy el sistema productivo, aunque es muy duro decirlo, no necesita intensivamente de trabajadoras y trabajadores, de empleados, de mano de obra.
El sistema pudo resolver la producción de bienes y servicios sin generar mano de obra entonces hay que buscarle a una nueva respuesta a esa situación que no pueden seguir siendo los planes sociales.
El otro problema, más de coyuntura, tiene que ver con que en los últimos cuatro años se ha generado un daño muy fuerte sobre la mayoría de la población: el aumento de tarifas, el endeudamiento, la inflación.
Atendiendo el discurso inaugural de la gestión de Alberto Fernández, se sostiene la importancia de plantear nuevos paradigmas, entre ellos la economía popular.
El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) ha demostrado un poco todo esto: la mitad de los hogares argentinos no cuentan con un empleo en blanco; una parte está en la informalidad (hay un empleador pero el trabajador no está registrado) y otra gran parte que lo hace por su cuenta, que son autónomos, cuentapropistas, los que hacen changas, la economía popular.
Es un universo heterogéneo de trabajadores porque ahora también la economía es heterogénea, ya no hay solo un capital industrial sino un capital predominantemente financiero, tecnológico.
Toda esa situación generó un empobrecimiento estructural que hoy es paliado por el Estado nacional: el ministerio de Desarrollo Social socorre mediante el IFE, la Tarjeta Alimentar, recursos a los municipios para la compra de alimentos, a las organizaciones sociales, el Servicio Alimentario Escolar en parte es financiado por Nación, un esquema de transferencia de recursos para organizaciones para merenderos y comedores.
Este organismo tiene un presupuesto de 15 mil millones de pesos por mes y el 95% es destinado a las partidas de asistencia urgente respondiendo al problema estructural agravado por la gestión de Cambiemos y por la pandemia.
El objetivo es que en el lapso, al menos, de 6 meses un 50% de eso vaya al impulso del trabajo autogestionado, de la economía popular, en herramientas e insumos, microcréditos para la compra de materiales de trabajo, apoyo a cooperativas y trabajadores de distintos sectores.