El juez de Garantías pidió que se lleve a juicio oral y público a Marcos y Matías Peuscovich y Gustavo Zurita bajo cargos de homicidio y lesiones culposos. También ordena se investigue la «posible participación de delitos de orden público de los funcionarios municipales».
A casi dos años de aquel último recital de Carlos Indio Solari que costó dos vidas y varios lesionados, el juez de Garantías Carlos Villamarín descartó al artista como acusado y también la calificación de estrago, pidió que se lleve a juicio oral y público a Marcos y Matías Peuscovich -productores del show- y Gustavo Zurita bajo cargos de homicidio y lesiones culposos y también ordena al Ministerio Público que investigue la «posible participación de delitos de orden público de los funcionarios municipales».
El magistrado es bien claro en esta resolución respecto a que no se ha podido probar que Solari haya tenido alguna responsabilidad en los incidentes que derivaron en l as muertes de Juan Bulacio y Javier León, asfixiados en las primeras líneas próximas al escenario montado en el predio La Colmena, en Olavarría, donde se estima que había más de 200.000 personas, casi un 25% más del máximo habilitado.
Los disturbios se produjeron durante el inicio de la presentación, cuando habían transcurrido los primeros tres temas. Cumplido el rescate de los heridos todo continuó con absoluta normalidad, aun cuando ya se conocía el trágico saldo Lo que ahora piden en particular a la fiscalía es que tome copias de lo actuado en el expediente y vuelva a enfocar la pesquisa sobre eventuales responsabilidades de la gestión del intendente Ezequiel Galli.
Cree que desde ése ámbito pudo haber comisión de delitos en cuanto a no respetar el factor ocupacional y permitir la venta de alcohol, ya sea dentro como fuera del lugar donde se desarrolló aquel show del 11 de marzo de 2017, que pudo haber marcado la despedida de presentaciones en vivo del ex líder de Los Redonditos de Ricota.
Durante este proceso judicial solo se lo convocó a declarar como testigo. David Carballo, titular de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales del Departamento Judicial Azul, había considerado que los imputados incurrieron en el delito de estrago. Villamarín entiende que los episodios que se han tenido por acreditados, tuvieron su puntal en esta superación en la capacidad posible de concurrentes», pero considera que «lejos está de poder asignarse a lo sucedido» aquella calificación. Dice el juez que semejante imputación «menos aún puede equipararse a lo que la doctrina evoca como ejemplos», y cita la invasión de lava volcánica, utilización de gases tóxicos a gran escala, derrumbe de una mina, la producción de una avalancha sobre la población o las destrucciones a cañonazos o por embestidas de tanques de guerra.
En la resolución que Villamarín eleva a la Cámara de Apelaciones y Garantías de Azul manifiesta que los hermanos Peuscovich -responsables de «En Vivo», habituales productores de los shows de Solari- y Zurita son «posibles autores» de homicidio culposo. Y también de lesiones culposas sobre otras ocho víctimas. Los tres permanecen en libertad.
Quita entonces a Solari de la lista de sospechosos y vislumbra ampliarla con ese pedido al fiscal para que revise el desempeño de los funcionarios municipales, encargados de habilitar el predio y controlar gran parte del movimiento periférico del recital, como es la venta ambulante, inspecciones de instalaciones y certificación de cantidad de público.
«Quienes hayan tenido responsabilidad en la organización del evento y/o convalidaran la venta de bebidas alcohólicas durante su desarrollo, obraron en atentado a la normativa citada, sea por promoción de la comercialización de bebidas alcohólicas, o por avalarla u omitir el control que la permitiera.», afirma el magistrado de Olavarría. El otro dato que compromete a los funcionarios es el que surge de los permisos e informes de habilitación del predio para el show y los peritajes posteriores sobre la ocupación real que esos lotes tuvieron.
Villamarín cita que el predio tenía una capacidad ocupacional de 129.270 personas y aun así la comuna lo habilitó para 155.520. La producción reconoció la venta de 196.032 entradas y el informe final, en función de fotos y videos, establece que la concurrencia aquella noche fue de 243.498 personas, lo que significaría casi duplicar lo permitido. En ese mismo escrito el juez resalta que la fiscalía tenía elementos para avanzar en la investigación y posible imputación de los funcionarios municipales, pero no lo hizo.
«Si se sostiene desde la misma acusación infracciones determinantes en los sucesos acaecidos y los mismos tienen constancia legajada en que confluyeron responsabilidades de funcionarios públicos, nada se dijo, nada se investigó y se tuvo como si no estuviera dentro de los deberes de objetividad que incumbe a su función», cuestiona.
(Fuente: Darío Palavecino / La Nación)