El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó bajo investigación judicial luego de que el fiscal federal Gerardo Pollicita impulsara una causa por presunto enriquecimiento ilícito. El expediente busca analizar la evolución de su patrimonio y detectar posibles inconsistencias con sus ingresos declarados.
La causa se encuentra en manos del juez Ariel Lijo, quien tomó intervención luego de que María Servini se inhibiera. En esta etapa inicial, la fiscalía solicitó una serie de medidas de prueba orientadas a reconstruir la situación patrimonial del funcionario y su entorno.
El impulso de la investigación se apoya en una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, en la que se advierte sobre un presunto incremento patrimonial desproporcionado. Según ese planteo, el patrimonio de Adorni habría crecido significativamente en un corto período, con posibles discrepancias entre sus declaraciones juradas y la información disponible.
Propiedades, viajes y declaraciones en análisis
Entre los puntos bajo análisis se encuentran la eventual omisión de activos, la existencia de fondos cuya procedencia habría sido justificada mediante préstamos familiares y la declaración de dinero en efectivo en distintas monedas. También se investiga un nivel de endeudamiento que, según la denuncia, no resultaría consistente con los ingresos informados.
Uno de los aspectos que concentra la atención es la posible existencia de una propiedad no declarada en el Country Indio Cuá Golf Club, ubicado en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz. De acuerdo a la presentación judicial, habría indicios de que el funcionario y su pareja estuvieron vinculados a la construcción de una vivienda en ese lugar, lo que no se vería reflejado en sus declaraciones ante la Oficina Anticorrupción.
En este contexto, el fiscal requirió informes a distintos organismos, incluyendo registros de la propiedad de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad, la ANSES y la propia Oficina Anticorrupción, a fin de relevar activos, ingresos y antecedentes patrimoniales. Asimismo, se solicitaron datos migratorios detallados desde 2022 hasta la actualidad.
La investigación también incorpora el análisis de viajes recientes, tanto al exterior como dentro de la región, que habían generado cuestionamientos públicos en las últimas semanas.
Si bien el expediente se encuentra en una fase preliminar y no implica definiciones sobre la responsabilidad del funcionario, el avance de las medidas judiciales abre un escenario que obliga a un seguimiento atento. En particular, por tratarse de un integrante clave del Gobierno cuya situación patrimonial ahora forma parte del foco judicial.