El pedido del juicio político a los Jueces Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz fue encabezado, en un principio, por el Bloque de Diputados Nacionales del FPV-PJ que preside Héctor Recalde, que presentó dos proyectos para evitar la aplicación del 2×1 a delitos de lesa humanidad, fallo que ellos determinaron.
El pedido de juicio político fue puntualmente del Diputado Juan Cabandié y apunta a los letrados por «mal desempeño en el ejercicio de sus funciones».
El otro proyecto, encabezado por Recalde, es una ley aclaratoria para interpretar la aplicación de la Ley 24.390, estableciendo que en los casos de delitos de lesa humanidad no rige el principio de ley penal más benigna.
«Consideramos que lo resuelto por la mayoría de la Corte es una decisión política que va en línea con las políticas del gobierno de Mauricio Macri de negación del genocidio (al que ha calificado como «guerra sucia»), de descalificación de la lucha popular por la vigencia de los derechos humanos, de sus organismos y aún de paralización de las políticas de reparación (referidas como «curros»)», sostienen los legisladores en los fundamentos de esta iniciativa.
Y agregan que «no cabe separar este fallo de las designaciones de los dos nuevos jueces en la Corte Suprema que ingresaron para modificar una doctrina y práctica que fue definida como política de Estado. Alguien los eligió y los designó. Respetuosamente: háganse cargo».
Hizo lo mismo el diputado nacional Néstor Pitrola que pidió que se juzgue a Rozenkrantz, Rosatti y Highton de Nolasco por el fallo que benefició al represor Luis Muiño.
Pitrola (PO-FIT) presentó en la mañana del lunes a la Cámara de Diputados un proyecto para impulsar el juicio político.
Dentro de los justificativos citados en el texto se lee: «El fallo constituye una amnistía aún más amplia y numerosa que la que constituyó el repudiado indulto del ex presidente Carlos Menem a las Juntas de Comandantes. Se estima que 278 condenados podrían acogerse (La Nación) al beneficio de eximición de prisión que habilita la jurisprudencia que emerge del fallo».
Al respecto, Pitrola dijo: «Estamos ante la consumación de una operación política de la que participa el gobierno nacional y la jerarquía eclesiástica que llamó al mismo tiempo a la reconciliación entre las víctimas del terrorismo de Estado y sus responsables». El diputado también recordó la marcha que se realizará el miércoles en repudio al fallo de la Corte.
A partir de este pedido, debe reunirse la comisión de Juicio Político del Congreso y decidir si da o no lugar para que se ponga en marcha una investigación. Luego, la Cámara Baja debe «hacer de fiscal» y citar a las partes, reunir pruebas e investigar. Finalmente, se emite un dictamen a través del cual se acusa a los implicados -que pasa entonces al Senado- o no.
Sobre las posibilidades de que el pedido prospere, Pitrola dijo a LA NACION: «Vamos a ir a la batalla tanto en comisión como en el recinto. Creemos que este pedido se conecta con un enorme movimiento popular que está detrás». Además, agregó que, hasta el momento, no hubo otro pedido de juicio político: «Me llamó (Héctor) Recalde (FPV) y me dijo que estaban armando algo, pero todavía no entró nada más».
Fuente: La Nación
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